Menos Ayuntamientos y Diputaciones ninguna

Milio Mariño

Reducir el número actual de ayuntamientos es un ejercicio de lógica que no debería plantearse por exigencia de la crisis sino del sentido común. Cualquiera que se tome la molestia de analizar la organización administrativa de España estará de acuerdo en que es todo un lujo que tengamos nada menos que 8.114 Ayuntamientos y 40 Diputaciones Provinciales. Diputaciones que nadie se explica como es que siguen siendo necesarias treinta años después de constituirse el Estado de las Autonomías. Solo el Estatut abordó este tema y estableció la división territorial de Cataluña en siete Veguerías, pero mantuvo la división provincial vigente para no alterar el número de senadores y diputados que Cataluña aporta a las Cortes. Es decir, hicieron como que hacían algo pero estamos en las mismas.
La reducción necesaria, en el caso de los Ayuntamientos, no se justifica para disminuir el número de funcionarios ni por el hecho de que un Ayuntamiento grande vaya a mejorar la eficiencia de uno pequeño. No está demostrado, sino más bien al contrario, que los Ayuntamientos grandes sean más eficaces. Lo que si convendría plantearse es cual seria el tamaño idóneo de un Ayuntamiento, por extensión y numero de habitantes, y cual el de un Ayuntamiento insostenible desde el punto de vista práctico.
Si tomamos Asturias, como ejemplo, resulta que para una población de apenas un millón de habitantes tenemos 78 Ayuntamientos. Una cifra que parece excesiva pero que se queda en nada si la comparamos con Zamora que, con solo 194.214 habitantes, tiene la friolera de 248 municipios. El triple que Asturias y, además, una Diputación Provincial. Un autentico disparate que nadie se ha preocupado de corregir ni hay indicios de que vaya a corregirse en los próximos años.
El caso de Zamora no es único, hay otras provincias que arrojan datos muy parecidos. Y ante una realidad que quizá intuíamos pero no separábamos que llegara a tales extremos, seguro que coincidimos en que no hay Estado que resista el coste de una división administrativa que ha quedado desfasada y no responde a la realidad, pues mientras los habitantes y los servicios se agrupan, por pura necesidad, en núcleos de población más grandes la estructura administrativa se mantiene intacta en poblaciones cada vez más reducidas, más envejecidas y menos contribuyentes.
La división administrativa de España data de 1833, cuando se acometió la reforma en base a crear un Estado centralizado dividido en provincias. De aquella división resultaron 49, tomándose como criterios, además de la coherencia geográfica y que tuvieran entre 100.000 y 400.000 habitantes, que desde el punto más alejado de la provincia debería poder llegarse a la capital en un solo día. Resultaron 49 cuando deberían haber sido 48 pues, al decir de algunos, Canovas del Castillo se inventó Cuenca por un compromiso que tenia con un amigo.
Anécdotas aparte, plantear la necesaria reducción de Ayuntamientos desde una Comarca, relativamente pequeña, en la que dos de ellos parecen la continuidad urbana del principal puede llevarnos a pensar que, en nuestro caso, la solución sería sencilla. Bastaría que Avilés absorbiera a los otros dos. No es tan fácil, no estamos hablando de Concejos con unos cientos de habitantes. Hablamos, sin que pretenda suscitar ninguna polémica, de racionalidad y eficacia. De que Illas, por ejemplo, podría estar integrado en Avilés o Corvera y Castrillón podría llegar hasta Soto del Barco.