Lencería de escándalo

Milio Mariño

El catálogo de golferías de los cargos públicos es tan amplio que ya mueve a la ternura. Digan si no es enternecedor que la vicepresidenta del Parlamento de Canarias, Cristina Tavio, se compre unas bragas con cargo al erario público. A mi me lo parece y en eso discrepo con el presidente del PP canario, José Manuel Soria, que considera que comprar bragas, güisqui, corbatas o cajas de puros con dinero público no pasa de ser un error. Pues hombre, error sería que la señora, por equivocación, hubiera comprado corbatas o cajas de puros y los señores un par de braguitas pero, por lo visto, cada uno compró lo suyo. Hicieron como, al parecer, hizo Camps, que se equivocaría con lo de los trajes pero no cometió el error de comprarse un par de faldas o dos vestidos de Agatha Ruiz de la Prada.

Lo de Tenerife, que se ha conocido ahora, tampoco es que sea novedad. El Ayuntamiento de Castellón, presidido por el popular Alberto Fabra, también subvencionó la compra de ropa interior. Se gastó 1.470 euros en una partida de bragas, con el logotipo de Harley Davidson, que fueron repartidas en una concentración de motos. Por menos que eso se montó un pollo en Oviedo cuando Rivi Ramos reprochó a Gabino de Lorenzo que pagara una factura de lavandería que incluía el lavado de los calzoncillos de Mario Vargas Llosa.

Casos como estos que menciono, o que la factura de un mes de móvil del Alcalde de Villaquilambre, un pueblo de León de 17.000 habitantes, ascienda a 2.400 euros, suelen ser considerados por los partidos políticos como errores puntuales, o simples anécdotas que no deben empañar la honestidad y el abnegado trabajo de los miles de cargos públicos que cumplen con su deber. No lo pongo en duda, es más, lo suscribo. Pero siendo cierto que la honestidad es ampliamente mayoritaria entre quienes se dedican a la política no lo es menos que los partidos, todos los partidos, procuran tapar a sus corruptos utilizando cualquier excusa. Cuando no es que el juez les persigue y les tiene manía, es que a la sentencia todavía le cabe un recurso, o que se trata de un error, o una chiquillada de la que nadie está libre por aquello de que todos somos humanos. Y eso es lo grave. Que consideremos punible la recalificación de un terreno o un pelotazo urbanístico y nos parezca una chiquillada que un cargo público se compre unas bragas, que al parecer costaron 33,80 euros, con cargo a nuestros impuestos.

Para estos casos no estoy de acuerdo en que, como dice la ley, la pena deba ser un castigo proporcional al delito. No me parece justo que se les juzgue por unas bragas, unas cajas de puros o cuatro corbatas. La ofensa que supone, para la sociedad, no se corresponde con el valor económico. Comprarse unas bragas y que las pague el ayuntamiento no son 33,80 euros, es mucho más que eso. Es un escarnio ético y democrático que requiere, cuando menos, la inhabilitación inmediata, y de por vida, para ejercer cualquier cargo público. Y no es que, de repente, me haya dado un arrebato justiciero, es que para seguir manteniendo la fe en la honestidad de los políticos, necesita uno que le ayuden, aunque solo sea de vez en cuando, con un golpe de efecto. Qué menos.

Milio Mariño / La Nueva España / Artículos de Opinión